¿Notificaciones judiciales por e-mail?

Por Mariel Aranda *

“Una crisis suspende el sentido común”, leí en un diario digital hace unos días atrás hablando de la situación de pandemia mundial que estamos atravesando. Y es así realmente? Recordé esa frase en el preciso momento de leer una providencia dictada por un Juez Federal como respuesta al pedido del letrado patrocinante del actor en una causa donde solicita notificar una resolución judicial a la casilla de correo electrónico de la condenada demandada.

No podía salir de mi asombro. Pensé ¿en qué momento se modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Incrédula, bajé todas y cada una de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nada advertí en tal sentido.
La crisis suspende el sentido común? ¿Acaso suspende los derechos y garantías constitucionales? ¿suspende también la vigencia de las normas procesales?

El problema

En los años que llevo ejerciendo la profesión, que no son pocos, he advertido con gran desilusión, y cada vez con más frecuencia -lo que me preocupa aún mas- el desdeño hacia las formalidades que han sido dictadas para brindar orden, derecho de igualdad ante la justicia, debido proceso, seguridad jurídica como son las normas de procedimiento. Me voy a referir puntualmente hoy a las notificaciones judiciales.

Antes del primer DNU que dispuso la cuarentena, en reiteradas oportunidades y desde hace algún tiempo atrás colegas abogados se presentaban en las oficinas de futuros demandados pretendiendo notificar emplazamientos para contestar demandas, medidas cautelares, resoluciones judiciales, algunas veces con oficios, otras incluso mediante cédulas ley 22172. Ante dicha situación, las instrucciones de mi parte siempre fueron no recibir las mismas por carecer de las formalidades establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Lo que establece el Código Procesal

Y es que la normativa es clara y contundente: el art. 135 del CPCCN (con la reforma efectuada por la ley 25488) establece “… serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:
… La que dispone el traslado de la demanda, hacen saber medidas cautelares … y diversos actos procesales más …
El art. 136 establece los medios (a elección del interesado) de notificación, “En los casos en que este Código u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios:

1) Acta notarial.

2) Telegrama con copia certificada y aviso de entrega.

3) Carta documento con aviso de entrega.”

Pero aclara EXPRESAMENTE en el siguiente párrafo que la NOTIFICACIÓN DE LOS TRASLADOS DE DEMANDA Y LOS QUE DEBAN EFECTUARSE CON ENTREGA DE COPIAS SE EFECTUARÁN UNICAMENTE CON CEDULA O ACTA NOTARIAL.

El art. 138 del mismo cuerpo legal establece que las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones, y serán diligenciadas de acuerdo a la acordada 19/80 de la CSJN y sus modificatorias. Nunca nombra entre las alternativas de notificaciones al “oficio”, como asì tampoco que el medio de notificación que sea diligenciado por el letrado de parte.

Seguidamente el art. 149 del mismo cuerpo legal establece que será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores. El mismo artículo también advierte que el funcionario o empleado que hubiese practicado la notificación nula incurrirá en falta grave.

Dicho esto, quede claro que me refiero a las notificaciones de toda causa nueva, lo que una vez incorporadas las partes al proceso de acuerdo a la acordada 3/15 de la CSJN las notificaciones se realizan a través del domicilio electrónico constituido y mediante el sistema web.

Las notificaciones por e-mail

Pero lo que me llevó a escribir estas reflexiones no ha sido lo arriba descripto, y sus reiteradas irregularidades que he advertido, sino la situación con la que inicié este articulo: reiteradas consultas recibidas ante la proliferación de notificaciones mediante correo electrónico, sin normativa alguna que lo avale, lo que me parece una barbaridad jurídica.

La facilidad con la que se permite un magistrado autorizar actos procesales de trascendental importancia como la notificación de una resolución, o emplazamientos a contestar demandas en total violación a las formalidades taxativamente enumeradas por el Código Procesal y demás reglamentaciones, sin duda constituye una violación a garantías constitucionales.

Hace tiempo atrás siento con gran desazón que los profesionales del derecho estamos viviendo una etapa en la que se están dejando de lado deliberadamente no sólo diversos principios generales del derecho, sino también normativas explícitas. Hoy peligra un principio fundamental como es el de la seguridad jurídica.

Las acordadas de la CSJN sobre la organización de la justicia en aislamiento

Si bien la CSJN ha dictado diversas acordadas tendientes a evitar la circulación de personas, a los fines de acatar lo establecido por el DNU 297/2020 y ss, incorporando presentaciones digitales, prescindiendo incluso de la presentación del formato papel, pero ninguna de ellas ha modificado lo establecido por el CPCCN respecto a las notificaciones de sentencias y/o emplazamientos para contestar demandas, tampoco podría haberlo hecho habida cuenta que dichas formalidades están establecidas por ley nacional.

Es el momento en el cual yo me pregunto cuál es el fundamento para autorizar un acto procesal que no solo no está permitido y cuya modalidad se encuentra taxativamente legislada por diversas normativas -de las que por cierto no existe impedimento alguno para cumplirlas- habida cuenta que los servicios de guardias mínimas de los tribunales han sido previstos por las diversas acordadas de la CSJN, y si correspondiera realizar la notificaciones fuera de jurisdicción el correo ha sido una de las actividades exceptuadas al inicio de la cuarentena. Nada impide cumplir con la ley.

Y ahora me pregunto ¿esta crisis nos puede hacer perder el sentido común.

El sentido común nos dice lo que “no se debe hacer” pero como profesionales del derecho además de sentido común tenemos la legislación que establece lo que si debemos hacer. Omitir estos pasos procesales es dejar de lado un derecho internacionalmente protegido como es el derecho de defensa, y pisotear deliberadamente nuestro Código Procesal.

* Abogada especialista en Derecho de la Salud. Miembro del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal